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Javier Salinas y Francisco de la Cerda
Javier Salinas y Francisco de la Cerda

Departamento de Estudios

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Terminó oficialmente la luna de miel en Perú

Después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia y la entrada de Martín Vizcarra al mando en marzo, la relación entre el ejecutivo y el Congreso (este último dominado por los fujimoristas) experimentó una reducción importante de sus tensiones. Sin embargo, en julio el presidente Vizcarra llamó al Congreso a realizar cuatro reformas constitucionales a ser votadas en un referéndum nacional, luego del destape de unos audios que comprometían a altos funcionarios del poder judicial (conocidos como CNM audios). Estas reformas incluyen modificaciones a la forma de financiamiento de los partidos políticos, la bicameralidad del Congreso, la no reelección de congresistas y cambios en el poder judicial. Estas propuestas no fueron bien recibidas por los fujimoristas en el Congreso, pero luego de intensos debates al interior del poder legislativo y con el ejecutivo, el Congreso aprobó someter a referéndum estas reformas el 9 de diciembre (aunque esto ocurrió sólo tras un nuevo proceso de cuestión de confianza impulsada por el gobierno, el cual, de no haber prosperado positivamente, podría haber llevado al cierre del Congreso).

Además de ello, en estos meses el poder judicial revocó el perdón presidencial dado al expresidente Alberto Fujimori. Keiko Fujimori (ex candidata presidencial, líder del fujimorismo e hija del expresidente) fue puesta en prisión preventiva por un plazo de 36 meses (aunque no descartamos que pueda ser liberada previamente) por presunto lavado de activos en el marco del Caso Cocteles. César Hinostroza (en aquel tiempo Presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia) fue acusado de tráfico de influencias y corrupción y fue detenido en España después de haber huido del país, y Pedro Chávarry (Fiscal de la Nación) fue acusado (y luego absuelto) por el Congreso por causas similares, estos dos últimos en el marco de la investigación de "Los Cuellos Blanco del Puerto", entre otras cosas.

Todo ello llevó a que la luna de miel entre el ejecutivo y el Congreso terminara, y a que la tensión entre estos poderes comenzara a aumentar.

Y esto está lejos de haber terminado...

Esta tensión política no se ha traducido en una disminución de la confianza empresarial, pero sí podría representar aún más retrasos en la ejecución tanto de proyectos públicos como de infraestructura, en donde destacan el programa de Reconstrucción con Cambios (presupuestados USD 2.200 millones para 2018, USD 2.000 a aprobarse en el presupuesto para 2019 y USD 8.000 millones en total para el período 2018-2020) y la Línea 2 del Metro (USD5.600 millones). Además, después de las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre, habrá recambio de todas las autoridades subnacionales (ya que es la primera votación desde que la no reelección de estos niveles de gobierno fue aprobada), por lo que es esperable una ralentización de la ejecución en las obras de infraestructura, al menos durante la primera mitad de 2019.

Así, (nuevamente) pareciera que la única solución para sustentar el crecimiento en los siguientes años es la minería. De hecho, hace varios años, la administración de Humala enfocó su estrategia de crecimiento en la infraestructura, en vista de los bajos precios de las materias primas. Sin embargo, esta estrategia no fue del todo exitosa debido a los retrasos en las obras y los casos de corrupción. Hoy la mejora en el precio de las materias primas reabre la puerta para los proyectos mineros, pero los proyectos de mayor inversión (Quellaveco USD 5.000 millones, Tía María USD 1.400 millones, entre otros) han experimentado dificultades para alcanzar acuerdos con las comunidades, lo que nos lleva a no poder descartar retrasos.

Con todo, estimamos que la consolidación económica deberá esperar hasta 2020, una vez que los proyectos mineros muestren un ritmo de construcción más sólido, que la línea 2 del metro tome impulso y que los efectos de las elecciones subnacionales sobre la inversión pública se hayan desvanecido.

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